Proyectos educativos, deterioro de la infraestructura y costos económicos
Proyectos educativos, deterioro de la infraestructura y costos económicos.
Por: Freddy Marcial Ramos.
En recientes declaraciones emitidas por la Diputada de la Asamblea Nacional, Sra. Maigualida Valera, en el programa “Despertó Venezuela” transmitido hoy por la televisora del Estado venezolano VTV canal 8, moderado por el periodista Daniel Castellanos; la Diputada al emitir opinión en materia educativa nacional, entre otras cosas manifestó que en los planteles educativos del estado donde se imparte educción media diversificada, técnica y profesional, se ha venido disimulada mente privatizando el servicio educativo, violando flagrantemente a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica de Educación; ya que se les exige a los educandos cursantes del último año de estudio, erogaciones económicas para costear los proyectos de grado, que les exige la ley para poder obstar al título de grado bien sea de Bachiller o de Técnico Medio; en tal sentido, se hacía necesario abrir una investigación para detectar la gravedad de esta anormalidad educativa.
Como educador que he sido a lo largo de 33 años de servicio, en el cual me ha correspondido coordinar y dirigir diversos proyectos educativos, bien sean de culminación de estudios o de otra naturaleza, creo que las opiniones emitidas por la Diputada Valera con el respeto que se merece esta dama, son “demagógicas” y “falaces”; ya que es bien conocido que en los diversos gobiernos ejercidos tanto en la llamada “IV República”, como el actual gobierno revolucionario socialista, por lo menos en el Estado Bolívar y muy específicamente en el Municipio Autónomo Caroní, donde he ejercido el 100% de mi larga trayectoria educativa, puedo dar fe de cómo ha sido el deterioro progresivo de las instalaciones y edificaciones educativas generado por el indebido uso de los mal orientados estudiantes, como la actividad delictiva comunal, años tras años; para nadie es un secreto, que tanto la infraestructura física como la administrativa de los plantes educativos, medianamente funcionan gracias al aporte económico que hacen los representantes de los educandos a lo largo del año escolar; dichos aportes económicos por lo general están aprobados en asamblea general de padres y representantes, bajo la supervisión de las autoridades educativas locales y los voceros de los Consejos Comunales; tres meses antes de culminar cada año lectivo, el cuerpo directivo del plantel, redacta la anterior mente llamada “Cédula escolar” o informe anual de gestión, como se le denomina ahora, en el contenido de dicho informe, se destacan entre otras cosas: el deterioro del mobiliario, de la planta física, los insumos requeridos para el normal funcionamiento de la infraestructura administrativa y el mantenimiento general de las instalaciones escolares, además de las necesidades de personal requeridos para el próximo año escolar; esta información técnico administrativa, se le entrega a la supervisión parroquial y municipal, con el objeto de que se subsanen las deficiencias administrativas y operativas de los planteles educativos; pero lamentablemente tanto las autoridades locales, parroquiales, municipales y regionales, apenas solventan el 15 % de las necesidades plasmadas en dichos informes de gestión.
Por todo lo antes descrito, es que en la redacción de los proyectos de grado, asumiendo lo previsto en la LOE y su reglamento en este sentido, es que se orientan a los jóvenes aspirantes al grado de Bachiller o Técnico Medio, para que seleccionen mediante un estudio investigativo, uno de los mas graves problemas que afectan la adecuada funcionalidad de la institución educativa bien sea pública o privada; para lograr con éxito dichos proyectos, se requiere de la erogación económica de los padres y representantes, ya que las entidades públicas, las empresas del estado y las cooperativas, a pesar de que están obligadas por ley a cooperar con aportes financieros o de otra índole, para ejecución de los proyectos educativos, bien sean de grado o no; prácticamente no lo hacen ya que el estado no los obliga a cumplir estrictamente con la ley; en consecuencia, los jóvenes se ven obligados indirectamente a asumir los costos de dichos proyectos educativos, haciendo enormes sacrificios, pues no cuentan con los recursos económicos para tal fin.
De tal forma que si se amerita la urgente participación de la Asamblea Legislativa tanto regional como Nacional, para que las Comisiones educativas se avoquen a investigar las razones por el cual el MPPE, permite en todas sus instancias de control, que esta anormalidad, se haya perpetuado desde tiempos remotos hasta el día de hoy; estas instancias legislativas conjuntamente con las defensorías estudiantiles, deberían preocuparse y ocuparse en tiempos de revolución socialista, en darle definitiva solución a esta problemática, obligando a las instancias respectivas a cumplir con su deber de patria.
Es importante destacar que a la educación básica y media de un País, no se le debe dar trato de “Cenicienta”, al contrario a la misma se le deben dedicar los máximos esfuerzos y recursos, para que la nación disfrute de educación de real calidad, tal como la prevé la ley y la Carta Magna de la República.