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Análisis del Titulo III CapituloI de la CRBV (Derechos Humanos)

25 Marzo 2013 , Escrito por Yuyalikgua-orinok Etiquetado en #Pedagogía

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Por: Freddy Marcial Ramos.

De acuerdo a lo contenido en el Titilo III, Capítulo I, de los Derechos Humanos, Garantías y Deberes; específicamente lo previsto entre los artículos del 19 al 31 de la CRBV; el Estado venezolano dando cumplimiento a estos preceptos construccionales, a través de la Asamblea Nacional ha aprobado un importante conjunto de proyectos de leyes orientadas todas a garantizar todo lo relativo al respeto inquebrantable de los Derechos Humanos Fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto naturales como extranjeros, que residen en territorio venezolano, además de garantizar los derechos humanos fundamentales de los conciudadanos((as) que residen en cualquier lugar del Planeta Tierra, tanto en territorios continentales e insulares, así como en espacios aéreos, marítimos u oceánicos.

En este orden de ideas, el art. 19 constitucional, plantea que el Estado debe garantizar a todas las personas conforme al principio de progresividad, sin ningún tipo de discriminación, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos; en tal sentido es de carácter obligatorio para todos los órganos del Poder público, respetar y dar garantías a los ciudadanos y ciudadanas del disfrute de estos derechos. 

Por tal motivo el art. 20 constitucional plantea que toda persona tiene el libre  derecho de desenvolvimiento de su personalidad (O sea que el Estado y la sociedad deben respetar la libertad conductual del género), sin más limitaciones que las que deriven del derecho de las demás y del orden público social; ello significa que las personas de igual sexo pueden convivir en pareja siempre y cuando su relación no interfiera con el derecho y respeto moral de sus semejantes; así mismo las personas pueden actuar de acuerdo a sus costumbres culturales y religiosa, sin trasgredir el derecho de sus semejantes, de convivir en armonía y sana paz.

Todas las personas son iguales ante la ley, tal y como lo prevé el art. 21. de la CRBV; en consecuencia los seres humanos no deben ser víctimas de discriminación de: raza, sexo, religión y condición social; por tanto el Estado o la sociedad no deben desarrollar acciones orientadas a anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de las personas; por ello se les debe garantizar las condiciones jurídicas y administrativas, a objeto de que la igualdad de las personas ante la ley sea real y efectiva.

 El Estado y la sociedad deben adoptar medidas orientadas a evitar la marginación, la discriminación y la vulnerabilidad, sobre todo de las personas que por discapacidades congénitas o accidentales, estén en minusvalía o debilidad manifiesta, por tanto las autoridades deben sancionar los abusos o maltratos cometidos contra este tipo de seres humanos. Las personas solo recibirán tratos de ciudadanos o ciudadanas, salvo las que estén amparadas por condiciones diplomáticas; en consecuencia nuestra normativa jurídica no reconoce títulos nobiliarios ni hereditarios.

Los derechos constitucionales y los contenidos en tratados o acuerdos internacionales inherentes a los derechos humanos de acuerdo a lo previsto en el art. 22, no menoscaban  otros derechos que igualmente protejan derechos personalísimos de las personas, aun no estando legislados ni reglamentados.

Cundo todos los tratados, pactos o convenios suscritos o ratificados por nuestro país en materia de derechos humanos, sean más favorables que los contenidos en la Constitución y las leyes de la República, siempre y cuando estos den mayor protección a la persona; los mismos deben ser de inmediata y directa aplicación por los tribunales y demás órganos del poder público; tal y como lo establece el art. 23 de la Carta Magna.

Ninguna ley penal tiene efecto retroactivo contra la persona, al menos que dicha ley reduzca la pena para sancionarla cuando esta viole la normativa jurídica; aunque  el proceso judicial esté en curso, en tal sentido para la evacuación de pruebas, se tomará en cuenta la retroactividad para favorecer al reo o la rea, según lo contemplado en el art. 24 de la CRBV.

Los actos ejercidos por el Poder Público que violen o menoscaben derechos garantizados en la Constitución y las leyes de la República, son nulos de toda nulidad, tal como lo establece el art. 25 constitucional; por tal motivo los funcionarios o funcionarias que incurran en esta irregularidad, están incursos en responsabilidades penales, civiles y administrativas, aunque hayan recibido órdenes superiores para su actuación.

Las personas pueden acceder a los órganos administrativos de justicia, para hacer valer sus derechos e intereses incluyendo los difusos, la tutela de los mismos y la garantía de obtener pronta decisión en los procesos judiciales; en consecuencia el Estado garantiza una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, equitativa y expedita, tal como lo determina el art. 26 de la Constitución.

El ser humano tiene derecho a ser amparado por los tribunales, para que este órgano público le garantice el goce y disfrute de sus garantías constitucionales, aún en aquellas inherentes a las personas que no figuren expresamente en la Constitución y en los convenios internacionales sobre Derechos Humanos; debido a que la persona natural es el débil jurídico ante el Estado; en consecuencia el procedimiento de la acción de amparo constitucional, debe ser público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; en tal sentido la autoridad competente tiene potestad para restituir inmediatamente la acción jurídica infringida o la similar a la misma; es relevante acotar que la acción de amparo puede ser interpuesta por cualquier persona;  esta garantía la consagra el art. 27 Constitucional.

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